Catalunya, barcelona
Moser, P. y Varley, T., ‘The State and Agricultural Modernisation in the Nineteenth and Twentieth Centuries in Europe’, en Moser, P. y Varley, T., eds, Integration through Subordination: The Politics of Agricultural Modernisation in Industrial Europe (Turnhout, 2013), pp. 13-39
Planas, J., “La intervención del Estado en los mercados del vino a principios del siglo XX: ¿por qué fue tan diferente en Francia y en España?”, Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History, 35:2 (2017), 175-206
25 Trescientas asociaciones agrarias y casi doscientos municipios de toda Cataluña habían apoyado la Conferencia, muchos de ellos enviando dos o tres delegados (Agricultura, 20 de mayo de 1919).
33 En el momento de su fundación, el 12 de julio de 1931, la Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña agrupaba a la mayor parte de las cooperativas agrícolas existentes: es decir, más de quinientas de las ochocientas en funcionamiento en ese momento (Agricultura i Ramaderia, 15 de julio de 1931). Sobre esta confederación, véase
Significado de la Generalitat
1La elaboración de políticas en Cataluña se enmarca en un sistema de gobernanza multinivel, en el que las responsabilidades políticas están cada vez más fragmentadas, compartidas o/y divididas entre los gobiernos supranacionales, nacionales y subnacionales (Keating & Loughlin, 1997; Gallego & Subirats, 2004; Chaqués-Bonafont & Palau, 2011). La consolidación de este nuevo contexto político implica que los límites tradicionales de la formulación de políticas se desdibujan a medida que las autoridades nacionales delegan parte de su autoridad hacia la UE y los gobiernos regionales (Hoogue & Marks, 2009). La delegación de competencias en materia de asuntos en España se produce tras un proceso complejo, controvertido y, para algunos, inacabado, a través del cual los gobiernos regionales, como el de Cataluña, aumentan gradualmente su ámbito de actuación sobre un amplio conjunto de asuntos, especialmente los relacionados con la aplicación de las políticas de Bienestar.
Defensa 0 4,1Agenda legislativa de Cataluña y del gobierno central entre 1982 y 2008 (% de leyes y sectores)5 Por el contrario, tanto el Parlamento catalán como el español dedican una parte similar de su agenda legislativa a lo que denominamos actividades de gobierno: alrededor del 15% de la agenda legislativa. Tras las elecciones autonómicas catalanas de 1980, la primera prioridad del gobierno de la Generalitat fue definir sus instituciones políticas y construir una administración pública, como herramienta básica para la ejecución de las políticas públicas. Es en la década de 1980 cuando el Parlamento de Cataluña legisla sobre el gobierno y la administración pública de la Generalitat, el Defensor del Pueblo, o las fiestas nacionales de Cataluña, y también las relaciones con los gobiernos locales. Entre 1980 y 1991 hay más de 10 leyes sobre organismos locales y supralocales (como las Comarcas), transferencia de competencias de las Provincias (Diputaciones) a la Generalitat, o el régimen especial de la Vall d’Aran.
Palau de la generalitat de catalunya
La gran pregunta ahora es si este nuevo marco normativo, que no entrará en vigor hasta dentro de ocho o doce meses, será suficiente a ojos de los jueces. Con el anuncio de hoy, el departamento quiere ganar un poco de tiempo, consciente de que el tiempo corre en su contra. Ahora comienza un proceso de consulta pública que durará un mes, en el que la comunidad educativa podrá hacer sus aportaciones para elaborar el decreto. “Lo haremos entre todos”, aseguró. Pero el problema es que el viernes es la fecha límite que da la ley para ejecutar la sentencia del Alto Tribunal. Si pasado ese tiempo el demandante, en este caso el Gobierno español (entonces liderado por el PP y ahora en manos de PSOE y Podemos), considera que no se ha hecho nada o no se ha hecho lo suficiente, puede instar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que haga cumplir la orden a la Generalitat. Cambray ha admitido que “está en conversaciones” con el Ministerio de Educación español, pero ha dado por hecho que el Gobierno español no pedirá que se cumpla la sentencia. Sin embargo, la ley también permite a terceros con “interés legítimo en el asunto” solicitar la ejecución.
Gobierno de Cataluña
Tamyko Ysa, Marc Esteve (2011), Capítulo 4 “Evaluación de las redes públicas: Propuesta de una nueva unidad de análisis”. En Sandra Groeneveld, Steven Van De Walle (ed.) New Steering Concepts in Public Management (Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 21), Emerald Group Publishing Limited, pp.41-56.
Apenas hay un modo en el que las instituciones políticas sean más moralmente traviesas -obran un mayor mal a través de su espíritu- que representando las funciones políticas como un favor que debe ser conferido”, John Stuart Mill en “Gobierno Representativo”.
Los países latinoamericanos creen firmemente en la necesidad de contar con ejecutivos altamente cualificados y profesionales para afrontar la compleja tarea de la gestión pública. Sin embargo, son pocos los gobiernos de esta región que han implementado y llevado a cabo políticas de fortalecimiento de la alta dirección y pocos los estudios que han abordado sistemáticamente esta cuestión.
La histórica aversión al liderazgo efectivo en la literatura de la administración pública (AP) estadounidense impone una preocupante controversia sobre la conveniencia de que los líderes públicos no elegidos puedan ejercer la autoridad y la capacidad de tomar decisiones sobre la dirección, el enfoque y la intensidad de sus esfuerzos organizativos. El concepto de un burócrata desvinculado que funciona en una organización pública estrictamente jerárquica y que se cuida de no sobrepasar las directrices de los políticos es anacrónico y supone un mayor peligro para la democracia que la idea de unos líderes eficaces y con poder. Estas controvertidas preocupaciones sobre el debilitamiento del proceso democrático y la falta de responsabilidad ante la política han provocado importantes lagunas en el desarrollo y la progresión de la teoría del liderazgo público.
